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Aprueban medida para multar a quienes lleven neveritas de 'foam' a la playa

El uso de estas neveritas queda prohibido con la aprobación de esta medida. La multa asciende a $250

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La Comisión de Recursos Naturales, presidida por el representante Edgardo Feliciano Sánchez, aprobó hoy enmiendas al Proyecto de la Cámara 442, que busca prohibir el uso de neveras de poliestireno, mejor conocidas como neveras portátiles de “foam”, en los balnearios de Puerto Rico.

Entre las enmiendas añadidas se encuentra incluir los cuerpos de agua y playas dentro de las zonas de prohibición de las neveras de “foam” como parte del lenguaje de la medida.

Además, el Proyecto propone imponer multas de hasta 250 dólares por parte del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), el Negociado de la Policía y policías municipales a toda persona que incumpla con esta ley. En su votación final, la medida fue aprobada con nueve votos a favor.

“Esto es un paso en la dirección correcta para atajar un problema que lleva años en nuestra isla. Esta Asamblea Legislativa tiene un compromiso con el medio ambiente, y esta es una de muchas medidas que estaremos aprobando para atender los problemas ambientales de la isla”, expresó el representante Feliciano Sánchez.

De igual manera, la Comisión de lo Jurídico, presidida por el representante Orlando Aponte llevó a cabo una vista de consideración final para enmendar la Sección 2 de la Ley del Buen Samaritano del Gobierno de Puerto Rico.

“Esencialmente se recibieron varias ponencias de diferentes grupos de interés durante el trámite legislativo, favoreciendo y endosando este proyecto. A través de diferentes ponencias, entendimos que era necesario e importante incluir personas jurídicas u organizaciones sin fines de lucro, que de buena fe dan y prestan servicios de salud, y otros servicios relacionados con el rescate y ayudas en la recuperación de las emergencias. Es por eso que decidimos enmendar la Ley del Buen Samaritano para extender la típica protección que se le da a las personas que de buena fe atienden un caso de emergencia utilizando sus conocimientos y sus limitados recursos como voluntario, de manera que queden exento de cualquier responsabilidad civil ante los tribunales” sostuvo Aponte en su turno inicial.

En el borrador del proyecto se hace énfasis en que “para asegurar la protección que brinda esta medida se deben prestar los servicios de forma voluntaria y de forma gratuita. Evidentemente entendimos que era prudente separar dos tipos de escenarios que quedarían cubiertos bajo esta protección”, expresó el presidente de la Comisión.

Al finalizar, se llevó a cabo una votación la cual fue aprobada con 6 votos a favor. No obstante, la representante Mariana Nogales votó en contra de la medida por la inclusión de “personas jurídicas”.

Por otro lado, La Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, presidida por la representante Lisie Burgos, realizó el lunes, una vista de consideración final para discutir distintas enmiendas al Proyecto del Senado 48, con el propósito de responder efectivamente a las necesidades de las personas con discapacidad y promover el bienestar social en Puerto Rico.

“Este proyecto tiene como propósito crear y designar la Oficina de Protección y Defensa de las Personas con Impedimentos de PR, establecer sus facultades, funciones, deberes y responsabilidades; determinar su organización; definir las facultades, funciones y poderes del Director para esos efectos; facultarlo para implantar las disposiciones aplicables de las leyes federales, según establece el “Developmental Disabilities Assistance and Bill of Rights Act of 2000”, sostuvo en su turno inicial la presidenta de la Comisión.

Según reza el Proyecto del Senado 48 “urge crear una Oficina de Protección y Defensa para las Personas con Impedimentos. Esta debe ser independiente y fuera de la estructura actual de la Defensoría de Personas con Impedimentos”.

Las enmiendas contenidas en el borrador del Proyecto fueron aprobadas con 6 votos a favor y 1 en abstención por parte de la representante Mariana Nogales. Estas consistían en cambios a la redacción para mejor comprensión de la medida.

Estas medidas fueron atendidas en Vistas Públicas de Consideración Final (Markup Sessions), mecanismo que es utilizado por las Comisiones con jurisdicción primaria para enmendar, recomendar al Cuerpo la aprobación de medidas legislativas o informe o el rechazo de las medidas legislativas o asuntos referidos ante su consideración.